Propuesta reformatoria de Ley busca que el Estado asuma los gastos de repatriación.
El sufrimiento de migrantes ecuatorianos que han tenido que huir de la cruenta crisis que vive el país, no solamente ha sido invisibilizada por su condición como tal por la sociedad, sino también por gobiernos ausentes que han dejado atrás su política pública, solidaria con sus compatriotas.
La distancia y los altos costos de vida en países de primer mundo debilita de sobremanera su capacidad para enfrentar diversas situaciones personales de calamidad, y sin contar que detrás de cada historia se esconde el drama de una familia que ha tenido que dejarlo todo en búsqueda de días mejores para los suyos.
A falta de políticas públicas por parte del ejecutivo, no falta el alto sentido de empatía del primer poder del Estado como contrapeso de un gobierno inerte e insensible ante los problemas de la comunidad migrante.
Un claro ejemplo, el “Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana - Repatriación de Restos Mortales”, propuesto por el legislador por el exterior Gustavo Mateus, responsable con sus mandantes, expuso esta semana ante la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana la reformatoria al artículo 40 para que el Estado asuma los gastos de repatriación en casos de fallecimientos debido a enfermedades catastróficas, terminales o desastres naturales, ya que en el actual marco normativo no está contemplado aún.
“Esto enviaría un mensaje claro de que el país valora a sus ciudadanos, especialmente, en momentos de vulnerabilidad, generando en la comunidad migrante un mayor sentido de confianza y pertenencia”, agregó el legislador.
ContraPesoEc